Abrimos el debate y buscamos soluciones para garantizar el derecho a los abogad@s a unas pensiones dignas.

Las razones que han llevado a la actual situación de los planes y expectativas de jubilación de los Abogad@s mutualistas, son importantes, si bien la cuestión fundamental es que, a día de hoy, muchos compañer@s ni pueden ni van a poder jubilarse dadas las reducidas pensiones con las que van a contar.

Hasta el año 1995 los Abogad@s sufrimos una discriminación en relación al resto de la población: no podíamos elegir como sistema de jubilación, el público, lo que habitualmente se conoce como régimen de autonomos o RETA; se nos obligaba, como única opción posible, a adherirnos a un sistema privado, la Mutualidad de la Abogacía.

En los años posteriores se abrió la posibilidad de optar por uno u otro sistema, pero no puede obviarse que, desde las estructuras institucionales de la Abogacía, que no dejan de ser entes públicos, se potenciaba y recomendaba, en ocasiones apelando a la solidaridad con los compañer@s que ya estaban integrados en la Mutualidad (a día de hoy se sigue haciendo), la permanencia dentro de la Mutualidad y la elección de la misma para los nuevos colegiados.

Siempre se nos aseguraron mejores prestaciones y pensiones ligeramente superiores a las del RETA para pagos a lo largo de la vida profesional similares.

Todo ello generó que muchos quedarán atrapados en un sistema alternativo al público, la Mutualidad que, luego, por nueva reforma legal, dejó de asegurar pensiones vitalicias equivalentes al RETA, para constituir en esencia un plan de pensiones individuales, que con el tiempo comprobamos que no está dando los resultados prometidos, se encuentra muy lejos de lo asegurado y facilita pensiones vitalicias ridículas.

Ahora, nuevamente se vuelven a realizar reformas legislativas en el sistema de protección mutual alternativo al público, inicialmente impuesto, posteriormente alabado e incentivado, para luego ser transformado, y una vez más, se realiza sin contar con la opinión del colectivo afectado: los Abogad@s mutualistas. Imponiéndose desde el Estado nuevas reformas legales, cuya única finalidad es la de aumentar las cotizaciones o aportaciones a un sistema que no está funcionando adecuadamente. Reformas legales que desde la Mutualidad se acatan, sin explicaciones y sin mayor oposicion ni búsqueda de alternativas.

Por su contra, los abogados constatamos como nuestros compañer@s más mayores no se pueden jubilar, y que las estimaciones de los que somos un poco más jóvenes podamos hacerlo son cada vez más irreales.

Se trata de un problema social, que parte de la discriminación expuesta y de las variaciones legales referidas, que no debe seguir siendo obviado, ni ocultado, ni parcheado, sino que por el contrario debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente, para encontrarle soluciones.

Por todo ello, desde Movimiento #J2, visibilizamos, proponemos, abrimos el debate y exigimos soluciones.

Reivindicaciones Movimiento #J2

1. Mejoras fiscales en fase de Jubilación.

La Mutualidad de la Abogacía para los profesionales que la tienen como sistema alternativo al RETA no puede ser considerada un simple plan de pensiones complementario. Los importes acumulados son escasos y en la mayoría de los supuestos permiten unas rentas mensuales (pensión) muy reducidas. No resulta justo que la recuperación de los importes, encima tributen, cuando cumplen la función de ser una pensión de jubilación. Distinto serán aquellos supuestos o capitales que por haberse realizado aportaciones extraordinaras significativas supongan el equivalente a pensiones públicas elevadas. En general, solicitamos la exoneración impositiva y su mejora tanto en fase de aportación como de rescate.

2. Ventana de traslado al RETA.

El Estado no nos ha protegido como debe e incluso nos ha discriminado, imponiendo obligatoriamente la cotización solo a través de la Mutualidad, y posteriormente, incentivándose la opción por dicho sistema privado. Los mecanismos de protección y control establecidos nos han fallado, realizándose además reformas legales que nos han perjudicado, de modo tal que, en la actualidad, hemos quedado atrapados por un instrumento y mecanismo del sistema financiero, no adecuado para satisfacer las necesidades económicas inherentes a la jubilación y vejez de las personas.

Se deben por ello establecer una ventana para que exista la posibilidad, puntual y voluntaria, de que los Mutualistas que lo deseen puedan recuperar sus aportaciones con destino al RETA y canjear su capital acumulado por años de cotización. En este sentido de computarían los años de cotización en la Mutualidad y se convertiría el capital acumulado en bases de cotización al RETA.

Los abogados que todavía no hayan alcanzado la edad o años de jubilación, pasarían a cotizar por el RETA para complementar sus años e importes de cotización. En los supuestos en que, ya estén en edad de jubilación o hayan alcanzado los años necesarios para ello, pasarían al cobro de su pensión de jubilación pública. En cualquier caso, se debe garantizar a todos los Abogad@s, en función de sus años de ejercicio y cotización a la Mutualidad, el derecho a una pensión pública mínima digna, en condiciones similares a los cotizantes en RETA.

Para facilitar la transición a todas las partes implicadas, esta ventana puede ser total o parcial en lo que respecta al capital rescatado, es decir, con posibilidad de mantener determinados importes en la Mutualidad, complementándose con aportaciones extraordinarias personales, y también podría hacerse en diversas fases, es decir, no necesariamente trasladar todo lo de la Mutualidad en un único momento sino con diferimiento temporal. Se trata de una cuestión a negociar y convenir entre las 3 partes involucradas, Mutualidad, Estado y mutualistas. Deben estudiarse, abordarse y analizarse los distintos escenarios, en función de la edad, años de cotización, capitales acumulados, etc, de los diversos grupos de mutualistas que existen y a las particularidades de los distintos grupos. En cualquier caso, se deben buscar y dar soluciones a aquellos que desean integrarse en el sistema de jubilación y pensiones públicas.

3) Mejoras en la compatibilidad cobro de pensión y ejercicio profesional.

Dada la situación actual que se ha generado, en muchos casos las pensiones que, vía Mutualidad o vía RETA, muchos abogados van a percibir a pesar de las mejoras solicitadas , y que van a necesitar un tiempo para que dichas mejoras den resultados, van a ser muy insuficientes. Esta cuestión constituye un problema social que debe ser abordado. Es por ello que muchos abogados, incluso con la implementación de las mejoras que conllevan de los puntos anteriores, van a tener la necesidad de compatibilizar el cobro de sus exiguas pensiones con el ejercicio profesional aunque sea de una forma más reducida. Por ello se debe mejorar la posibilidad de compatibilizar jubilación a efectos de cobro de pensión con el ejercicio profesional.

Plan de acción reivindicativa #J2

1) Difusión pública general del problema del colectivo. Reivindicación. Difusión de las soluciones o posibles soluciones. Redes sociales, prensa, en su caso, calle (manifiestaciones, concentraciones y actos públicos). Debemos hacer comprender, empatizar e incluso involucrar del problema social existente a la mayor cantidad de personas y entes.

2) Traslado de reivindicaciones a centros de poder decisorio y solicitudes de apoyo, adhesión y colaboración. ICAS, Abogacía, Políticos, Ministerios, Gobierno, Mutualidad. Mantenimiento de contactos y reuniones.

2A) Parelelamente, acceso a la estructura de funcionamiento, participación e influencia de la Mutualidad. Remisión de escritos, solicitudes de información, control del ente y sus cargos. Organización para la designación de representantes.

2B) Paralelamente, exigencia de mayor transparencia, información y mejores resultados a la Mutualidad de la Abogacía.

3) Negociación con Gobierno/Legislativo y Mutualidad para alcanzar y lograr resultados.